La detención de “El Mencho” ¿Triunfo del Estado o desafío constitucional?
Redacción
2026-03-02 13:07
La eficacia en seguridad debe acompañarse de transparencia y rendición de cuentas para evitar la erosión del Estado de derecho.
Abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes reabre debate sobre uso de la fuerza, debido proceso y respeto al Estado de derecho en la lucha contra el narcotráfico en México.
El golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación y, particularmente, a la figura de su otrora líder Nemesio Oseguera Cervantes, ha sido durante años el símbolo más visible de la llamada guerra contra el narcotráfico. La reciente confirmación de su abatimiento en un operativo federal reabre una discusión que México no ha resuelto: ¿la neutralización del objetivo prioritario representa un triunfo institucional o una prueba más de la fragilidad constitucional del Estado?
El discurso oficial tiende a presentar este tipo de operativos como victorias inequívocas. El Estado ejerce el monopolio legítimo de la fuerza, desarticula estructuras criminales y envía un mensaje de autoridad, lo que permite, desde esa lógica, garantizar la eliminación del liderazgo de una organización responsable de violencia sistemática, control territorial y captura institucional sería un paso decisivo hacia la pacificación.
El problema surge cuando el éxito táctico desplaza el análisis jurídico. La Constitución no distingue entre ciudadanos ejemplares y líderes criminales al momento de garantizar derechos fundamentales, pues en el debido proceso, la presunción de inocencia y el acceso a un juicio imparcial no son concesiones morales; son límites estructurales al poder punitivo, ya que cuando el Estado opta por la vía letal como mecanismo recurrente, el equilibrio entre seguridad y legalidad se tensiona.
En contextos de confrontación armada contra organizaciones fuertemente equipadas, el uso de la fuerza puede resultar inevitable, ya que ningún orden constitucional exige a sus fuerzas armadas o policiales exponerse a una aniquilación pasiva. Sin embargo, la pregunta relevante no es si la fuerza puede emplearse, sino bajo qué estándares, con qué controles y con qué mecanismos de rendición de cuentas posteriores. Sin transparencia operativa y supervisión independiente, el discurso del combate frontal puede transformarse en un espacio de excepcionalidad permanente.
La experiencia comparada demuestra que la decapitación de cárteles no siempre reduce la violencia; en ocasiones fragmenta las estructuras y multiplica los focos de conflicto. Si el operativo se limita a la eliminación física del liderazgo sin una estrategia institucional de reconstrucción territorial, fortalecimiento ministerial y depuración policial, el impacto puede ser más simbólico que estructural.
El dilema, entonces, no es retórico. Un Estado constitucional se legitima tanto por su eficacia como por su sujeción al derecho. La guerra contra el narcotráfico no puede convertirse en una zona exenta de garantías, pues en ese tránsito el Estado corre el riesgo de adoptar prácticas que erosionan el mismo orden jurídico que pretende defender.
La muerte o detención de un líder criminal puede ser una victoria operativa. La consolidación del Estado de derecho exige algo distinto: demostrar que incluso frente a la criminalidad más violenta, la fuerza pública actúa dentro de los márgenes constitucionales. De lo contrario, el triunfo será momentáneo y el desafío institucional permanecerá intacto.
Autora: Judith Erika Moctezuma Montaño
Profesora investigadora área académica de derecho y jurisprudencia ICSHu-UAEH