Desde el mirador | La negación sistemática de la presencia del crimen organizado como política ante la inseguridad

Redacción
2026-02-23 11:14

La violencia del 22 de febrero evidenció el alcance del crimen organizado en México.

Lo acontecido el domingo 22 de febrero en muy buena parte del país es inédito, violencia desbordada en carreteras, bloqueos, autos y establecimientos comerciales incendiados, ciudades enteras paralizadas y puntos inimaginables caracterizados por una sólida infraestructura y dinámica comercial como lo es Puerto Vallarta en Jalisco inmersos en el caos o las imágenes de confusión y pánico al interior del Aeropuerto Internacional de Guadalajara; la causa: el enfrentamiento entre las fuerzas armadas federales destinadas, entre otras tareas, al combate del crimen organizado, quienes en una operación se enfrentaron con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que derivó con el abatimiento de su líder y fundador Nemesio Oseguera Cervantes (1966-2026), alias “el Mencho”; dicha organización criminal creada a partir de 2007 y que fue escalando hasta convertirse en el cártel más importante de México, dedicado al narcotráfico, contrabando de armamento y todas las actividades criminales derivadas como secuestro, extorsión, trata, desapariciones y reclutamiento forzado, entre otras, declarado recientemente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como organización terrorista extranjera.

Lo inédito de lo ocurrido tras el abatimiento del Mencho tiene que ver con la capacidad de despliegue del crimen organizado en generar pánico a la población y crear un ambiente de máxima tensión en buena parte del país, atrayendo la mirada de medios de comunicación internacionales y reacciones de actores globales a lo que acontece en México; pero también es un indicativo de la presencia, control y vinculación de múltiples actividades económicas y sociales que se extienden a amplias regiones, cientos de municipios y la gran mayoría de las entidades federativas del país; el poder orquestar, en muchos de los casos, de manera simultánea una ola de violencia a la escala y magnitud que presenciamos la jornada de este domingo, nos refiere del nivel de influencia y presencia real de las organizaciones criminales. Habría que guardar las debidas proporciones, ya que la desinformación de las redes sociales digitales con vídeos y fotografías manipuladas o de acontecimientos pasados, información falsa o tendenciosa genera una percepción ajena a la realidad, pero al final también el crimen organizado construye su narrativa y parte de su embate está en ganar y controlar las percepciones a través de los medios digitales.

El antecedente de generar terror y parálisis de la cotidianeidad como medio de presión por parte del crimen organizado hacia las instancias gubernamentales y la sociedad en general se experimentó en el llamado “Culiacanazo”, cuando el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, se vivió una violencia extrema en las calles, tras el fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, hoy preso en los Estado Unidos, exlíder del cártel de Sinaloa, otra de las organizaciones criminales más influyentes en el trasiego de drogas a los Estados Unidos y que mantiene una disputa por el control de plazas y redes de distribución con el CJNG, tras la incisión derivada de la entrega de otro líder criminal del cártel de Sinaloa Ismael Mayo Zambada el Mayo Zambada al gobierno norteamericano y que mantiene la pelea intestina entre los chapitos y la “Mayiza” con lamentables consecuencias para la población civil producto de la violencia que se ejercen en el noroeste de México. 

Este acontecimiento del “Culiacanazo” deberíamos tenerlo muy presente, ya que marcó la política dictada -en ese momento con un gran liderazgo y respaldo social- por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual, en palabras de AMLO se privilegió la integridad de la sociedad civil y se evitó el derramamiento de sangre al liberar -después de que había sido capturado por las fuerzas armadas del gobierno de México- al hijo del Chapo; este momento cimbró al país al cuestionar la subordinación del gobierno al crimen, y conjuntamente con otros actos simbólicos como el saludo del presidente con la madre de Guzmán Loera, o que iba a acusar a los delincuentes con su mamá,  establecieron la era de los “abrazos y no balazos”; que si bien la Presidenta Claudia Sheinbaum proveniente del mismo movimiento político de la denominada Cuarta Transformación, en el discurso mantiene la misma base de atender las causas que generan violencia, se ha desligado -en lo estratégico- ampliamente de la fallida política de los abrazos y no balazos.

Más allá de lo mediático de estos acontecimientos de violencia, resulta sumamente preocupante lo que está sucediendo en muchos estados del país día con día; si bien de manera muy lamentable se reconocen ciertas entidades federativas y municipios como sumamente violentos y peligrosos donde actúan abiertamente y de forma permanente las operaciones del crimen organizado; en otras entidades y municipios se ha optado por la negación sistemática de la presencia y influencia del crimen organizado. La negación sistemática debemos entenderla en primera instancia como una acción deliberada por parte de los gobiernos, la cual busca distorsionar la realidad con relación a ciertos hechos, persigue a través de estrategias de manipulación rechazar obstinadamente lo que es evidente y construir una narrativa con la cual justifica los temas que le son incómodos o que le representan un alto costo su reconocimiento.

La negación sistemática de la presencia del crimen organizado como política ante la inseguridad ha sido una constante en Hidalgo, y no es exclusivo del gobierno actual; lo fue también de los anteriores en la era priísta. Revisemos las declaraciones del procurador del estado, del secretario de seguridad estatal o del secretario de gobierno en las más recientes comparecencias ante el Congreso local o en las entrevistas banqueteras y contrastemos con los acontecimientos de violencia que se viven en las diferentes regiones del estado de Hidalgo. Efectivamente no coincide, por un lado, están las declaraciones de hechos aislados, efecto cucaracha o que vienen sólo a tirar sus muertos a Hidalgo, lo que reafirma que la negación sistemática de la presencia y control del crimen organizado en regiones muy importantes de Hidalgo es una realidad.

Continuar con la narrativa de que en Hidalgo en materia de seguridad seguimos siendo una de las entidades más seguras, que no hay presencia del crimen organizado y que se vive en completa paz no sólo es falaz, sino de una negligencia cómplice que pone en grave riesgo a la población. Lo ocurrido en Hidalgo el 22 de febrero de 2026 es una muestra contundente de la presencia del crimen organizado y las dolorosísimas consecuencias que conlleva, elimina exhibiendo la narrativa de hechos aislados, no es la primera vez que se habían realizado actos de violencia como narcobloqueos con autos incendiados, recordemos las ejecuciones en antros en la región de Tula, los altos índices de robo de hidrocarburos en Hidalgo, la violencia descontrolada en el Valle de Tulancingo, las ejecuciones a plena luz del día en el boulevard G. Bonfil en Pachuca, el incremento de narcomenudeo y demás delitos que se comenten en Hidalgo.

Se requiere un ejercicio de redireccionamiento en materia de seguridad aplicando una visión de política pública; la coordinación real y eficaz tiene que realizarse entre los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, siendo éstas últimas las instancias más desprovistas, inclusive de lo vital como la seguridad social; estando muchas ellas absorbidas por actos de corrupción y siendo las más susceptibles a la delincuencia organizada. 

Iniciamos esta semana, producto de la violencia en Hidalgo, con suspensión de actividades escolares en Tula, Tepeji del Río, Mixquiahuala, Progreso de Obregón, Atotonilco de Tula, Francisco I. Madero, Ajacuba, Tetepango, Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, más múltiples víctimas no reportadas o invisibilizadas, comercios cerrados, transporte público que no transitará producto de esta oleada del crimen. Una parte importante para atender el fenómeno delincuencial parte del reconocimiento de su existencia.  

Autor: Abel L. Roque López
Doctorante en Políticas Públicas. Académico universitario

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