Libertad importada: sin derechos, sin dignidad

Redacción
2026-01-19 12:22

Bajo el discurso de libertad y seguridad, Estados Unidos ha intervenido militarmente en decenas de países por intereses estratégicos y económicos

La historia moderna está marcada por la actuación de Estados Unidos en múltiples escenarios internacionales bajo la bandera de la libertad, la seguridad y la paz. Sin embargo, un análisis histórico revela que muchas de esas intervenciones, directas o indirectas, responden más a intereses geopolíticos y económicos que a principios universales de derechos humanos. Desde finales del siglo XIX y principios del XX, Washington, EU, ha desplegado su poder militar y su influencia política para reconfigurar gobiernos, apoyar golpes de Estado, desestabilizar gobiernos considerados adversos o proteger intereses corporativos. El Congressional Research Service ha documentado cerca de 469 intervenciones militares desde 1798, incluidas 251 desde 1991, lo que da una medida de la magnitud y persistencia de la proyección militar estadunidense más allá de las guerras formales declaradas. El objetivo, más allá de cualquier retórica liberal, ha sido sostener una posición hegemónica en los ámbitos político, económico y estratégico, a menudo en detrimento de la autodeterminación de las naciones afectadas.

En el pasado reciente, las incursiones han adoptado diversas formas. La invasión de Panamá en 1989, que derrocó a Manuel Noriega con el pretexto de proteger ciudadanos estadunidenses y promover la democracia, fue condenada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como una violación del Derecho Internacional. Intervenciones como la de Granada en 1983, justificadas en nombre de la seguridad de estudiantes estadunidenses, revelan un patrón donde la construcción de legitimidad política se asocia a la acción militar preventiva. La doctrina Monroe y sus sucesivas reinterpretaciones han servido como paraguas ideológico para estas operaciones, legitimando intervenciones en América Latina a lo largo de más de un siglo, tanto de forma abierta como encubierta. 

El caso de Venezuela es un ejemplo contemporáneo de esta tradición intervencionista. En enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación militar denominada “Operación Determinación Absoluta”, con bombardeos en Caracas y zonas estratégicas, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, trasladándolos a Estados Unidos bajo cargos de “narcoterrorismo”. 

Los argumentos esgrimidos por Estados Unidos, la protección de su seguridad nacional, la lucha internacional contra el narcotráfico o la restauración de la paz y la democracia, han sido recurrentes a lo largo de numerosas intervenciones. No obstante, la evidencia histórica demuestra que estas justificaciones son, con frecuencia, falacias que no se sostienen más allá de los discursos oficiales. En la invasión de Irak en 2003, por ejemplo, la supuesta existencia de armas de destrucción masiva nunca fue confirmada, pese a que constituyó el principal argumento de la administración estadunidense para justificar la operación. En el caso venezolano, incluso dentro del propio contexto de la intervención actual, emergen claras referencias a la intención de controlar vastos recursos naturales como el petróleo, así como a la participación de empresas estadunidenses en esa rapiña de recursos. 

La violación de soberanía y derechos humanos es todavía más clara cuando los países objeto de intervención no cuentan con medios de defensa equivalentes. La ausencia de capacidades armamentísticas comparables y el temor legítimo a represalias de potencias nucleares como Corea del Norte impiden que naciones medianas o pequeñas puedan contrarrestar estas operaciones. Esta situación crea una asimetría que queda ilustrada en la imposibilidad de responder a un actor con una fuerza militar global. La seguridad, la autodeterminación y la dignidad de los pueblos quedan subordinadas a una lógica de hegemonía que prioriza la acumulación de poder por encima del respeto a los marcos del derecho internacional.

Frente a este panorama, cobrar conciencia de la importancia de construir una fortaleza nacional es imprescindible, especialmente en un país como México que históricamente ha defendido su soberanía y principios de no intervención. Garantizar capacidades políticas, diplomáticas y sociales robustas para resistir presiones externas, promover redes de cooperación regional que refuercen la estabilidad y fortalecer mecanismos institucionales que preserven los derechos fundamentales son tareas ineludibles. La defensa de la soberanía y la dignidad no debe limitarse a un discurso, sino traducirse en políticas públicas y estrategias que aseguren que México no se vea sometido a presiones o intervenciones que lesionen su integridad y la de sus habitantes. Sólo así se podrá construir un proyecto de nación capaz de enfrentar retos globales sin renunciar a sus principios soberanos ni a la protección de los derechos humanos de su pueblo.

Autora: Judith Erika Moctezuma Montaño

Profesora investigadora área académica de derecho y jurisprudencia ICSHu-UAEH

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