Legalidad en crisis. Entre el desconocimiento y la desconfianza

Redacción
2025-10-27 12:03

La ley ya no inspira confianza, y la legalidad se resquebraja entre la indiferencia y el poder.

En la conversación pública mexicana, la palabra legalidad se ha vuelto una moneda desgastada por el uso retórico y el abuso político, así como su desconocimiento o uso ornamental en los discursos. Se utiliza como una palabra elegante, como una justificación en la toma de decisiones unilaterales o un puente construido por los actores políticos que les permite cruzar hacía la legalidad o ilegalidad, según les plazca. Lo que hoy se advierte no es solo la inobservancia y omisión cotidiana de las normas, sino una crisis más profunda: la fractura del vínculo entre la ley, la confianza y la justicia. La legalidad está en crisis porque ha dejado de sentirse propia, porque el pueblo la percibe distante, ajena o que son tan solo un conjunto de términos rimbombantes que se usan como instrumentos de la orquesta política bajo la batuta del grupo gobernante. 

La desconfianza hacia las instituciones no surge del vacío, pues es el producto de un largo proceso de simulación normativa, donde la ley existe en el papel, pero rara vez en la práctica. Se legisla según la afluencia del gobernante y no del gobernado, se aprueban, derogan y abrogan leyes y normas, pero cada palabra escrita no trasciende más allá de ser tan solo eso. En ese contexto, la legalidad pierde su fuerza simbólica y deja de inspirar obediencia racional. El ciudadano, enfrentado a un sistema que castiga con severidad las faltas menores y tolera los abusos mayores, aprende a sobrevivir al margen de la norma. Así se gesta una cultura de la evasión, alimentada tanto por la impunidad oficial como por el escepticismo social que considera la ley un instrumento de control y no de justicia, pues en el contexto inmediato del gobernado el Estado ha dejado de cumplir con su propósito y objetivo e incluso ha perdido el monopolio del uso de la fuerza como medio de coacción. 

Quien no conoce sus derechos difícilmente los defiende; quien no entiende los límites del poder, termina justificando sus excesos. En ese terreno de confusión prosperan los discursos populistas que prometen “justicia inmediata” a costa del debido proceso, sustituyendo la ley por el impulso emocional del castigo ejemplar o una consulta popular.

Pero la legalidad también se resquebraja desde dentro del propio Estado cuando queda evidenciado a la población que la legalidad es utilizada más como un instrumento de persecución política contra adversarios que como la impartición de justicia; cuando aquellos que se encuentran en el poder se convierten en intocables y protegidos de un sistema que no se interesa por las necesidades de la población ni por sus preocupaciones inmediatas, porque resulta más relevante a una persona que se encuentre por debajo de la línea de bienestar saber que comerá el día de mañana que conocer los alcances o repercusiones que tendrán las reformas a la Constitución, a las leyes o a las normas. Porque para la mayoría de las personas resultó más importante llegar en punto a sus trabajos, bajo el riesgo de sufrir sanciones desproporcionadas por un retardo o falta, que participar en los foros ciudadanos para la reforma al Poder Judicial de la Federación.

La reconstrucción de la legalidad exige recuperar su dimensión ética y cercana con la ciudadanía. No basta con sancionar a quien actúe fuera del marco legal; es necesario que la norma vuelva a tener sentido social, sin perder de vista la relevancia de su especialidad. La ley debe ser explicada, debatida y apropiada, no impuesta desde arriba como una partitura unísona. Las universidades, los tribunales y los juzgados deben fortalecer su compromiso de ver a la legalidad como pacto de confianza, no como amenaza, sino como aquel Contrato Social. Solo así podrá restablecerse el círculo virtuoso en el que el ciudadano cumple porque confía y confía porque el Estado cumple. De lo contrario, seguiremos atrapados en el círculo vicioso de la sospecha, donde el cumplimiento de la ley parece ingenuidad y su violación, astucia.

La legalidad mexicana no muere de transgresión, sino de indiferencia. Su crisis es la de una sociedad que dejó de creer en las reglas porque quienes debían respetarlas las convirtieron en instrumento de poder y quienes las sobrepasaban las transformaron en un estorbo. Recuperar la legalidad implica reconstruir la confianza en el Estado, pero también la responsabilidad del ciudadano. Solo cuando ambos se reconozcan como partes del mismo contrato moral, la norma volverá a tener valor y la justicia dejará de ser un privilegio. Mientras tanto, la crisis de legalidad seguirá siendo el espejo más fiel de un país que, entre el desconocimiento y la desconfianza, aún no termina de reconocerse en su propio orden jurídico.

 

Autora: Judith Erika Moctezuma Montaño
Profesora investigadora área académica de derecho y jurisprudencia ICSHu-UAEH

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