Geopolítica de las resistencias | Sicariato en Hidalgo: violencia inédita
Redacción
2025-10-01 13:00
La verdadera democracia exige proteger a todas las víctimas, sin importar su condición social.
La seguridad requiere inversión en inteligencia, no se puede servir vino nuevo en copa vieja.
El estado de Hidalgo atraviesa una crisis de seguridad inédita. La ejecución de servidores públicos y la multiplicación de linchamientos muestran no solo un repunte de delitos violentos, sino el quiebre de la capacidad del Estado para garantizar el monopolio legítimo de la fuerza.
En agosto y septiembre de 2025 se documentaron ataques letales contra elementos policiales en Mixquiahuala y otros municipios. Según registros periodísticos y de asociaciones civiles de seguridad, entre 2020 y 2025 fueron asesinados al menos 26 policías en Hidalgo; nueve de estos asesinatos ocurrieron únicamente en 2025. La cifra muestra una escalada sin precedentes.
De manera paralela, el fenómeno de la justicia por mano propia se expande. El Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre linchamientos (2024) documentó que entre enero de 2020 y marzo de 2024 hubo 968 casos en el país, y que Hidalgo se ubica en los primeros lugares junto con Puebla, Tlaxcala y Estado de México, con 76 casos registrados en ese periodo.
Esto se debe a que comunidades enteras están perdiendo la confianza en las instituciones y han comenzado a aplicar castigos colectivos que, en muchos casos, terminan en la muerte de los presuntos delincuentes. El lunes 29 de septiembre en el municipio de Mixquiahuala ocurrió el último linchamiento registrado, que derivó en la muerte de un presunto delincuente.
¿Por qué ocurren estos hechos? Primero: la incapacidad gubernamental para prevenir y contener una violencia multifacética que va desde la delincuencia organizada hasta las reacciones colectivas. Segundo: el deterioro del tejido social, porque los linchamientos expresan hartazgo y desconfianza, mientras que las ejecuciones de policías deteriora la imagen de las corporaciones y, con ello, se debilitan las instituciones.
En la violencia inédita, de “tipo sicariato”, que está creciendo en Hidalgo, la corrupción es una variable transversal. Diversos estudios han señalado cómo la colusión de autoridades locales con grupos delictivos genera espacios de impunidad y erosiona la confianza ciudadana. En Hidalgo, el señalamiento recurrente de prácticas corruptas en ministerios públicos y corporaciones municipales no puede separarse del incremento de violencia.
Frente a esta crisis, resulta imprescindible cambiar el enfoque y alcance de las políticas públicas: no basta con comprar más patrullas o chalecos antibalas. La seguridad requiere inversión en inteligencia, profesionalización de cuerpos policiales, control interno anticorrupción, investigación criminal integral y políticas sociales que reconstruyan la confianza ciudadana. Equipar sin transformar instituciones solo prolonga la espiral de violencia. No se puede servir vino nuevo en copa vieja.
La historia internacional reciente ofrece advertencias claras. En Colombia, durante los años ochenta y noventa, la violencia escaló hasta niveles críticos porque las élites económicas y políticas permanecieron indiferentes mientras las víctimas eran campesinos, periodistas o policías. Solo reaccionaron cuando la violencia alcanzó a sus propias familias. En Hidalgo no podemos permitir que se repita el mismo patrón: la verdadera democracia exige proteger a todas las víctimas, sin importar su condición social.
En este contexto, se vuelve urgente un diálogo sostenido entre universidades y gobierno. La academia aporta diagnóstico riguroso, metodologías de análisis de violencia, mapas de riesgo y formación profesional para policías y jueces; el gobierno debe comprometer recursos y voluntad política para implementarlos. Sin esa sinergia, las respuestas seguirán siendo parciales.
Autor: Caballero de la geopolítica, Mario Cruz Cruz
Profesor investigador del ICEA-UAEH