Investigadora de UAEH advierte sobre condiciones inadecuadas en Cefereso-16 para mujeres

Dirección de Comunicación Social, 25/Mayo/2025

Boletín Informativo No. 233

*El 40 % de las reclusas están a la espera de una sentencia o absolución; el 80 % no cumple con las características para estar en un penal de alta seguridad

*Se han registrado aproximadamente 19 fallecimientos de mujeres privadas de la libertad

Pachuca de Soto, Hidalgo. – Las condiciones estructurales y administrativas del Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número 16 (Cefereso-16), ubicado en Morelos, no sólo vulneran derechos humanos, sino que han contribuido a la muerte de al menos 19 mujeres privadas de la libertad, señaló Norma Angélica Callejas Arreguín, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

De acuerdo con la también jefa del Área Académica de Derecho y Jurisprudencia, en 2010 se firmaron contratos entre el Estado y empresas privadas para la construcción y administración, por 20 años, de ocho centros penitenciarios federales, entre ellos el Cefereso-16, el único en el país destinado exclusivamente a mujeres.

Estos contratos establecen que el Estado debe cubrir el pago por la ocupación total de los penales, sin importar el número real de reclusos. Esta cláusula derivó, entre 2022 y 2023, en el traslado masivo de mujeres de distintas entidades al penal de Morelos. Actualmente, cerca de mil 228 mujeres están recluidas en ese centro, de las cuales el 80 % no cumple con los requisitos para estar en un penal de máxima seguridad, y el 40 % continúa en prisión preventiva, sin sentencia.

Callejas Arreguín subrayó que el artículo 49 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que las personas privadas de la libertad deben cumplir su condena o proceso en un centro penitenciario cercano a su lugar de origen, salvo en casos relacionados con delincuencia organizada, donde exista riesgo de fuga.

La académica de la UAEH advirtió que, aunque el traslado responde a motivos económicos derivados de los contratos firmados, ha tenido un impacto negativo en los derechos humanos de las reclusas, quienes han sido alejadas de sus familias, abogados y tribunales donde se ventilan sus procesos legales.

Indicó que muchas de las mujeres trasladadas provienen de penales públicos donde existían redes de apoyo y mayores niveles de interacción social. En contraste, el Cefereso-16 impone aislamiento de hasta 23 horas al día, permite solo una visita cada 11 días, lo cual se dificulta por la distancia, y una llamada telefónica semanal de 10 minutos, lo que obliga a las internas a elegir entre comunicarse con sus familiares o sus representantes legales.

En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha realizado visitas periódicas al penal y ha dado seguimiento a las denuncias presentadas por internas sobrevivientes y familiares de mujeres fallecidas.

Las observaciones del organismo documentan la falta de atención médica, ginecológica y psicológica; deficiencias en la alimentación; casos de agresiones sexuales y tortura; y ausencia de actividades de reinserción social, como talleres o servicios educativos, contemplados en la legislación nacional. “Pareciera que toda la dinámica de la prisión está diseñada para llevarlas a las autolesiones”, advirtió la investigadora.

Finalmente, Callejas Arreguín recalcó que lo ocurrido en el Cefereso-16 evidencia serias fallas en la ejecución de las leyes, entre ellas la falta de protocolos eficaces para prevenir suicidios bajo custodia, deficiencias en las investigaciones de muertes violentas dentro del penal, y las consecuencias negativas de la privatización del sistema penitenciario en México. Estas problemáticas, señaló, vulneran no solo los derechos humanos, sino también los principios fundamentales del sistema de justicia.