Dirección de Comunicación Social, 26/Marzo/2023
Boletín Informativo UAEH No. 144
*En el estado de Hidalgo existe el registro de tres casos de ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas en los municipios de Pachuca de Soto, Molango y Tulancingo de Bravo
*También se considera ataques con ácido, álcalis, sustancias químicas, corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia que pueda provocar lesiones internas, externas o ambas
Pachuca de Soto, Hidalgo. - La iniciativa presentada en el Congreso del Estado de Hidalgo con respecto a la violencia ácida, busca reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatal y el Código Penal estatal, al imponer una pena de ocho a 12 años de prisión por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas, así mismo, se alcanzarán hasta los 30 años de prisión cuando sean considerados tentativa de feminicidio.
De acuerdo con Judith Erika Moctezuma Montaño, profesora investigadora del Área Académica de Derecho y Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la aprobación de la iniciativa permitiría reconocer penalmente a la violencia ácida como una violencia de carácter machista, al integrarla a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo.
La investigadora mencionó que los registros a nivel global de Acid Survivors Trust International (ASTI) revelan que el 80% de las víctimas de ataques con ácido son mujeres, mientras que un 85% de los atacantes son hombres, quienes tuvieron algún tipo de relación con las agredidas. Por su parte, la Fundación Carmen Sánchez dio a conocer que en el 96% de los casos que tienen documentados, no hay sentencia contra los presuntos agresores y que, en su mayoría, las víctimas tenían entre 20 y 30 años de edad.
Erika Moctezuma Montaño enfatizó que este tipo de violencia busca castigar o vengarse de las mujeres a través de la desfiguración de sus rostros, provocando una discapacidad u ocasionando la muerte de las víctimas. Además, puntualizó, las sobrevivientes ven afectadas su salud mental, así como sus relaciones laborales y sociales.
Por ello, la abogada Garza enfatizó la importancia de que las iniciativas presentadas en los congresos estatales y federal deben incluir la creación de un fideicomiso para las víctimas de los ataques con ácido, con el fin de que reciban no solo los tratamientos quirúrgicos y estéticos necesarios, sino también el apoyo indispensable para recuperarse.
Asimismo, destacó que es necesaria una reforma laboral para evitar la discriminación a las sobrevivientes de ataques de sustancias corrosivas o químicas en los centros de trabajo, ya que en muchos casos las víctimas pierden sus empleos por los daños físicos sufridos, por lo que conseguir un nuevo empleo es más difícil.
“No solamente es impulsar el asunto de manera penal, a través de la legislación local y federal, sino también que sea incorporado en la Ley Federal del Trabajo, en las normas internas y los reglamentos que tienen las instituciones públicas y privadas a nivel local, federal y estatal para evitar la discriminación. El Estado debe de garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres”, declaró.
Por otra parte, Moctezuma Montaño, apuntó que las y los jueces del país deben reconsiderar, reflexionar y juzgar siempre con perspectiva de género para no aplicar sanciones o medidas cautelares erróneas, como sucedió con el caso de María Elena Ríos, donde un juez concedió al presunto autor intelectual del ataque la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva por un arraigo domiciliario; acción que fue revertida por el Tribunal Superior del Estado de Oaxaca.
Para finalizar, la docente Garza resaltó que la posible aprobación de la iniciativa a nivel estatal significa un gran paso en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y el combate a la violencia de género contra las mujeres en la entidad. Sin embargo, mencionó que queda pendiente el trabajo con la sociedad para sensibilizar en estos temas, para que las personas reflexionen sobre su actuar y reciban una educación que les permita terminar con estos actos.