Irregularidades en proceso de Gabriela Mejía: abogados


Dirección de Comunicación Social, 27/Junio/2018

Boletín Electrónico Informativo 362


* Defensa interpondrá tres amparos para lograr su libertad; acusan de tortura el trato ejercido sobre la contadora

*Cuestiona Juan Velásquez sistema judicial de Hidalgo, donde la víctima de un choque termina procesada

 

Pachuca de Soto, Hidalgo. – Con el fin de dar a conocer la situación legal de Gabriela Mejía Valencia, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, acompañado de abogados encabezados por el destacado jurista Juan Velásquez, revelaron irregularidades en el proceso jurídico y anunciaron que se interpondrán amparos.

 

En conferencia de prensa, Carla Pratt Corzo detalló las inconsistencias que rodearon la detención de Mejía Valencia el pasado 15 de junio, cuando tuvo que parar en un retén que realizó la policía estatal en un boulevard y posteriormente su auto fue impactado por la parte de atrás por otro conductor.

 

Agregó que Gabriela Mejía bajó a realizar una plática común con la persona que la chocó, en razón de que ella era la víctima. “En ese momento la policía busca la manera de comenzar a llevarse el vehículo y la contadora lo que hace es esperar a que llegue el seguro, al que ya había hablado en diversas ocasiones para poder arreglar el conflicto”, explicó.

 

“Hemos insistido en reiteradas ocasiones, y lo seguiremos haciendo. Los actos por medio de los cuales se llevaron a la contadora Gabriela junto con su vehículo fueron contrarios a derecho, fueron irregulares, es una investigación irregular”, recalcó la abogada.

 

Asimismo, indicó que en las audiencias se ha demostrado que Mejía Valencia no habló malas palabras a los elementos policiacos y tampoco les gritó, como se ha comentado en referencia al supuesto delito de ultrajes a la autoridad. “Ella en todo momento estuvo dentro de su camioneta, y si pudieron observar en los videos, era materialmente imposible que estuviera gritando dentro de esa camioneta y que alguien la pudiera haber escuchado”, declaró.

 

Subsecuentemente  -agregó- se decide seguir el asunto por un delito electoral agravado en dos actos: “realizar”, en un primer momento, y “destinar” dinero o en especie a favor de determinada cuestión política, toda vez que existe una prohibición expresa por la ley. Sobre esto, la abogada mencionó que sólo se consiguió quitar el acto de “realizar”.

 

Por otro lado, continuó Carla Pratt, la autoridad judicial determinó que Gabriela Mejía debe permanecer en medida cautelar de prisión preventiva. “Hemos encontrado, como equipo de defensa, que existen diversas cuestiones irregulares, además, insisto, a la luz de todos, que es evidente que no había razón alguna para llevarse el vehículo y otra para revisarlo”.

 

Subrayó que las cajas multicitadas en la audiencia, las cuales se encontraban dentro de la camioneta, fueron movidas y abiertas. Además, las fotografías presentadas por el Ministerio Público fueron tomadas meses antes de la detención, lo cual se logró detectar por los peritos al revisar los metadatos de las imágenes.

 

De igual manera, precisó la forma indignante en que Gabriela Mejía ha sido tratada durante este proceso, pues en la primera audiencia no se le permitió sentarse más que media hora, no se le permitió dormir, no pudo comer ni tomar su medicamento, y cuando se pudo cambiar el traje sastre y su chamarra con el que fue detenida, al día siguiente apareció con uniforme de interna, cuando ella todavía no estaba sujeta a proceso.

 

“Lo anterior generó una carpeta de investigación por tortura, una queja que se ordenó en la misma audiencia en materia de Derechos Humanos y, por supuesto, será parte de lo que velaremos por ella”, aseguró Pratt Corzo.

 

Destacó que en lo medular se interpondrán tres amparos: uno contra la primera vinculación a proceso por ultrajes; un segundo contra la vinculación a proceso por la parte electoral, y finalmente, otro, por la prisión preventiva. “Si estos amparos caminan como deben ser, debería quedar en libertad Gabriela”, aseveró.

 

A su vez, el abogado Juan Velázquez enfatizó que el vehículo recogido a la contadora Gabriela Mejía tenía puestos sellos para asegurar las cuatro cajas de documentos que traía, sin embargo, no fueron practicadas las diligencias adecuadas frente a abogados de la contadora, porque “no se pudieron comunicar con ellos”.

 

Añadió: “en esa diligencia encontraran unos documentos que no están firmados, no tienen letra manuscrita, simplemente mencionan nombres y unas cantidades, que son las que se aducen para presentar esa imputación de delito electoral. Pensamos que el contenido de esas cajas, en cuanto a estos documentos, pudo no haber correspondido a lo que traía Gabriela y que pudieron haber sido puestos ahí”, sostuvo el reconocido jurista.

 

Durante la rueda de prensa, Juan Velázquez hizo patente su duda sobre porqué si Gabriela Mejía, siendo la víctima de un choque, debió haber acabado en el Ministerio Público y procesada. “Eso no es un delito para prisión, ya que en el actual sistema judicial se privilegia la libertad de las personas. En todo caso no pienso que Gabriela signifique un peligro a la sociedad”, recalcó.

 

Refirió que en este caso “hay mucha tela de donde cortar” y puso entredicho al sistema judicial de Hidalgo, pues preguntó a los presentes si en la entidad hay una subprocuraduría de delitos electorales o una Fiscalía y, en caso de existir, está siendo relegada porque es el organismo responsable del segundo delito que le acusan a la contadora Gabriela Mejía.

 

Igualmente, en su calidad de Doctor Honoris Causa de la UAEH, Juan Velázquez expresó su apoyo a la comunidad de la máxima casa de estudios de Hidalgo por la violación del principio de autonomía que ésta ostenta, mismo que se encuentra estipulado en el artículo tercero constitucional, asunto que calificó de “inusual” por todos los ataques que ha sufrido esta institución educativa en los últimos meses

 

En tanto, el rector Adolfo Pontigo Loyola comentó esperar que se haga justicia y que no se actúe en consecuencia. Reclamó que la comunidad universitaria ha sido objeto de acoso y hostigamiento en lo que va del proceso electoral, por ello debió suspender actividades culturales para salvaguardar la seguridad de la misma sociedad civil.


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