Reprueba Raúl Carrancá ataques a autonomía universitaria


Dirección de Comunicación Social, 08/Febrero/2018

Boletín Electrónico Informativo 76


* Reconocido jurista dicta una conferencia en la UAEH

 

Pachuca de Soto, Hidalgo.- Frente al amparo que el Poder Judicial concedió a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) en defensa de su autonomía, cualquier intromisión ajena a la letra de la ley es un desacato, consideró el reconocido jurista Raúl Carrancá y Rivas, al dictar la conferencia "Constitución Política y Autonomía Universitaria" en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu).

 

Tras recordar que el Congreso hidalguense emitió una convocatoria para nombrar a un contralor interno en la máxima casa de estudios de la entidad, el connotado académico advirtió que los diputados locales no están facultados para tal acción.

 

Además, agregó, tras interponer un amparo, la UAEH goza de una suspensión definitiva contra el decreto emitido para ese efecto, por lo que continuar con el proceso para designar un contralor interno, es un desacato a una resolución del Poder Judicial que puede incluso llevar a la cárcel. “Es un desacato que está sancionado por la propia Ley de Amparo, y es una reincidencia, un atentado necio a la autonomía universitaria”.

 

Por tanto, Carrancá y Rivas calificó como “una intromisión grosera y atentatoria de la libertad” el hecho de que el Estado introduzca a un contralor interno en la UAEH, porque además atentar contra todas las universidades de México. “Por encima de las facultades que pueda tener el Estado a través de distintos órganos administrativos, está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Artículo 3º Constitucional nos da libertad para gobernarnos y administrarnos como mejor nos convenga”.

 

Desde su punto de vista, el atentado a la autonomía universitaria se debe al temor y molestia del poder público, respecto a las opiniones que ha emitido la máxima casa de estudios. “Una voz consciente y libre puede estorbar a ciertos intereses. Las que convienen son las voces manipuladas, vendidas, compradas, pero las libres, basadas en la libertad y en la autonomía, siempre son peligrosas para el poder público”, sostuvo.

 

El jurista explicó que en México la autonomía universitaria se remonta a 1929, cuando los universitarios se lanzaron a las calles para reclamar su libertad de cátedra e investigación. De igual forma, mencionó que el primer congreso de universitarios mexicanos es el antecedente ideológico de la autonomía universitaria, y estuvo a cargo de los pensadores Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano. Estos antecedentes se reflejan en el Artículo 3º, fracción VII de la Constitución Política de México, insistió.

 

En ese sentido, el académico recordó que Antonio Caso expresaba que la universidad procurará discutir y analizar los problemas que ocupen la atención pública. “Por eso se nos ha llamado a las universidades públicas, la conciencia moral e intelectual de la República”.

 

El autor de “El Drama penal” y “Visión de México desde la universidad”, dejó en claro que la autonomía universitaria es uno de los grandes tesoros del país y que no es un regalo, sino una conquista que se debe conservar. “No es algo que nos dieran por gracia, por dádiva”, aclaró. 

 

Finalmente, exhortó a los universitarios a tomar conciencia y no permanecer impasibles frente a la infelicidad y tragedia que vive México. “Cuando la República llora, gime, se lamenta, nuestra obligación más profunda es participar activamente”. No menos importante, dijo, es defender la autonomía con gallardía, como lo ha hecho el rector Adolfo Pontigo Loyola, pues México así lo reclama.

 

A su vez, el director del ICSHu, Alberto Severino Jaén, expuso que el Congreso de Hidalgo aprobó el decreto 228 mediante el cual se pretende nombrar por una instancia ajena a la máxima casa de estudios, a un contralor interno, despojando de esa facultad a la Universidad.

 

El decreto –sostuvo el directivo- es inconstitucional y violatorio del Artículo 3º. Constitucional en su fracción VII, mismo que establece que las universidades e instituciones de educación superior públicas, tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas.


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