Abierto rechazo a violación de autonomía de la UAEH


Dirección de Comunicación Social, 29/Octubre/2017

Boletín Electrónico Informativo 625


Pachuca de Soto, Hidalgo.- Destacados juristas, políticos y académicos como Raúl Carrancá y Rivas, Eduardo López Betancourt, Sergio García Ramírez y Porfirio Muñoz Ledo externaron su opinión respecto a la arbitraria reforma que realizaron integrantes del Congreso local a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

 

En todos los casos, los reconocidos especialistas hicieron patente su absoluto rechazo a esa acción que –coincidieron- vulnera la autonomía de la máxima casa de estudios de la entidad, misma que está consagrada en el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

 

Lo anterior, luego de que diputados locales aprobaron el decreto 228, a través del cual se reformó la Ley Orgánica de la UAEH para, entre otras cosas, apropiarse la facultad de designar al titular del órgano interno de control, quien además de sustituir al contralor de la Universidad, inadmisiblemente tendría facultades para intervenir en las funciones sustantivas y adjetivas de la misma.

 

Ante ello, el profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y uno de los mejores juristas del país, Raúl Carrancá y Rivas, consideró como “una intromisión abierta y descarada” del poder legislativo del estado, al ámbito y espacio de una institución educativa a la que la propia Carta Magna le da autonomía y le concede la facultad de tener sus órganos necesarios para ejercer el control que proceda.

 

Bajo esa premisa, aseguró sentirse extrañado por la decisión de los representantes populares, quienes -afirmó- no obstante tienen la obligación de conocer las leyes, en esta ocasión pasaron por alto el artículo tercero constitucional. “Me parece increíble, pero es violatorio ciento por ciento de lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

 

Por lo tanto, el también profesor por más de 20 años de la UNAM recomendó a las atoridades de la UAEH estudiar la posibilidad de recurrir al terreo legal, como defensa de la libre y soberana Universidad de Hidalgo frente a esta inadmisible intromisión del Congreso local.

 

En tanto, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Eduardo López Betancourt, lamentó la medida tomada por los diputados hidalguenses, ya que no es la primera ocasión en la que el Estado trata de vulnerar a las instituciones. Recordó que cuando se han dado estos fenómenos, las casas de estudio han tenido que acudir, y con gran éxito, a los medios judiciales para lograr se respete la autonomía.

 

Puntualizó que bajo ningún concepto se debe permitir que sea vulnerada la autonomía universitaria, toda vez que los resultados que ha arrojado en las instituciones educativas han sido notables, producto de un trabajo con independencia que no ha sido afectado por intereses políticos o de otra índole cuando interviene el Estado.

 

A su vez, el profesor investigador del Centro de investigación jurídica de la UNAM, Sergio García Ramírez, destacó que las universidades deben ser dueñas de sus labores como centros de investigación, docencia, extensión y difusión de la cultura. “Esto es lo que entraña fundamentalmente la autonomía, expedir sus propias normas, llevar adelante con libertad sus trabajos de investigación y, desde luego, ejercer la docencia a base de la libertad de cátedra”.

 

Tras resaltar que esa autonomía ha generado un espacio de libertad para el pensamiento en México, apuntó que su defensa requiere de la solidaridad de todas las universidades públicas, porque de esa forma se puede formar un frente de respuesta a cualquier tentación autoritaria.

 

En su oportunidad, Porfirio Muñoz Ledo advirtió que se ha tratado de vulnerar la autonomía universitaria, sobre todo en algunos estados de la República, con el pretexto de supervisar a quienes administran los recursos económicos.

 

Sin embargo, el reconocido político calificó de curioso el hecho de que los congresos estatales se niegan a que los cuantiosos recursos económicos que manejan, sean auditados por gente que no sea nombrada por los propios órganos legislativos locales.


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