Uso y abuso de las instituciones por los gobernantes

Las instituciones, leyes, normas, reglamentos, documentos jurídicos, entre otras funciones, posibilitan conseguir legitimidad a los gobernantes en turno, además de producir e inducir el orden, al generar las condiciones necesarias para lograr dirigir poblaciones a través del uso de todos los medios de las instituciones de gobierno. El gobierno mismo se considera como una enorme institución; en palabras de Dean (1999), de Rose (1999) y de Gordon (2015), es un entramado complejo institucional de recurso de poder, notablemente diverso y “que a manera de malla se localiza en todo el espectro de referencia, sea la seguridad, la hacienda pública o el bienestar social, como elemento discursivo y elementos prácticos-concretos” (Dean, 1999, p. 210).

Es entonces un medio complejo, diverso y central para ejecutar dos tipos de funciones: las sustantivas o principales, como son las actividades de gobierno (política interna), justicia (procuración de justicia, fiscalías), desarrollo económico (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, industria, comercio, servicios, transporte, turismo y artesanías), desarrollo social (salud, educación, asistencia social, cultura y recreación, y seguridad social) y las actividades de planeación.

Mientras que las segundas se refieren a las adjetivas o de apoyo, como son las hacendarias (ingresos públicos, presupuesto de egresos, cuenta pública), las de administración del personal público (trabajadores al servicio del Estado), las de administración de los recursos materiales y las actividades vinculadas con el control interno.

La racionalidad del gobernante en turno determina cómo va a cumplir con las funciones sustantivas y las adjetivas, diseña o, en su caso, rediseña las instituciones; indica las estrategias y las formas prácticas de actuación. La relevancia de las instituciones como factor de generación de condiciones económicas, políticas, sociales y culturales para el logro del proyecto de gobierno que se materializa en la prestación de los servicios públicos, mantener el orden interno y externo, generar empleo, entre otros.

Las instituciones dan certeza y predictibilidad cuando cumplen su cometido por el cual fueron creadas o reconfiguradas. En otras palabras, las instituciones se usan para cumplir con un proyecto político del gobernante en turno. Empero, cuando la incorporación de nuevas “instituciones” se convierte en herramientas de gestión para favorecer a un selecto grupo de personas que las controlan, en lugar de generar valor público, se genera una privatización de lo público. Cuando una institución se reforma y persiste la incapacidad de lograr el fin por el cual fue modificada, tenemos un déficit institucional. Es decir, las instituciones no contribuyen a la construcción y mantenimiento de un Estado, por medio del gobierno, que funcione para todos.

Esta nueva modalidad de concebir al gobierno y sus instituciones ha producido alteraciones profundas que han conducido a lo que en esta modalidad de análisis se denomina desviación social o anomia. El origen de esta profunda alteración y afectación resulta del acceso diferencial al logro de metas aceptadas por diferentes grupos y estratos sociales. Desigualdad amplísima, pobreza, corrupción, delincuencia desbordada, exclusión, inseguridad altísima y, lo más destacado, es la apropiación de unos cuantos de las instituciones de gobierno.

En conclusión, el diseño y uso de las instituciones significa usarlas para el bien común, la estabilidad y la legalidad de un gobierno. En cambio, el abuso se da cuando los gobernantes las transforman en instrumentos privados para lograr un beneficio personal.

Referencias bibliográficas.

Dean, M. (1999). Governmentality: Power and rule in modern society. SAGE Publications.
Rose, N. (1999). Powers of freedom: Reframing political thought. Cambridge University Press.
Gordon, C. (2015). Racionalidad gubernamental: Una introducción. Nuevo Itinerario. Revista Digital de Filosofía, 10(X), 1–58. https://www.researchgate.net/profile/Guillermo_Vega2/publication/

¹Doctor en Ciencias Sociales, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, línea de investigación en Gestión Administrativa y Desarrollo Municipal, badillo@uaeh.edu.mx