Estados Unidos y Venezuela: Análisis de las tensiones legales y políticas previas a 2026

Este artículo examina las dinámicas entre Estados Unidos y Venezuela desde 2019 hasta principios de 2026, centrándose en los cargos jurídicos pendientes contra el expresidente Nicolás Maduro, los debates sobre inmunidad presidencial y la fragmentación de la postura internacional respecto a la legitimidad del gobierno venezolano. Se adopta una perspectiva neutral, presentando diferentes argumentos sin tomar posición sobre la validez de las mismas.

Las relaciones entre ambas naciones han estado marcadas por altos niveles de tensión desde la declaración de la Asamblea Nacional Venezolana de una presidencia interina en 2019. A principios de 2026, la situación se mantenía estancada, con cargos jurídicos pendientes en Estados Unidos de América (EUA) contra el expresidente venezolano y divergencias significativas en la comunidad internacional sobre cómo abordar los desafíos tanto políticos como económicos del país sudamericano.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó cargos por narcotráfico y financiamiento de terrorismo contra Nicolás Maduro, así como contra otros altos funcionarios de su gobierno (U.S. Department of Justice, 2020). Los documentos judiciales argumentaban que Maduro habría participado en una conspiración para exportar cocaína a EUA y utilizar los recursos obtenidos para fortalecer su poder político. Además, se incluían acusaciones relacionadas con el apoyo a grupos armados considerados terroristas por el gobierno estadounidense.

Por su parte, el gobierno venezolano ha rechazado estos cargos como una maniobra política destinada a socavar la soberanía del país, calificándolos de violación del derecho internacional (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2020). Diversos expertos han destacado que los cargos plantean interrogantes sobre la aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense y su compatibilidad con normas internacionales sobre jurisdicción (Koh, 2021).

Un punto central del debate legal ha sido la inmunidad que corresponde a jefes de Estado bajo el derecho internacional. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establecen marcos para la inmunidad de los funcionarios públicos en ejercicio (ONU, 1961; Estatuto de Roma, 1998). Sin embargo, existen diferentes interpretaciones sobre si esta inmunidad es absoluta o puede ser levantada en casos de crímenes graves.

Algunos académicos y tribunales internacionales han argumentado que la inmunidad presidencial se aplica incluso frente a cargos extranjeros, a menos que el Estado de origen renuncie a ella o que el caso sea sometido a una instancia internacional competente (Cassese, 2022). Por el contrario, representantes del gobierno estadounidense y algunos expertos han sostenido que en casos de narcotráfico y terrorismo transnacional, la inmunidad no debería ser un obstáculo para la persecución penal (Sands, 2023).

Además, la fragmentación de la comunidad internacional en cuanto a la legitimidad del gobierno de Maduro ha complicado el debate: mientras algunos países reconocen a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, otros han dado su apoyo a la presidencia interina de Juan Guaidó declarada en 2019 (CEPAL, 2025). Esta división ha llevado a discrepancias sobre quién tiene la autoridad para renunciar a la inmunidad en nombre de Venezuela.

La postura de la comunidad internacional frente a la situación venezolana y los cargos contra Maduro ha sido diversa:

• Países que han respaldado los cargos estadounidenses: Entre ellos se encuentran Argentina, Colombia e Israel, quienes han argumentado que la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo es una prioridad global y que los cargos deben ser abordados por los tribunales correspondientes (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 2024).


• Países que han cuestionado los cargos: Brasil, Chile, México y Sudáfrica han enfatizado la importancia de respetar la soberanía y el derecho internacional, señalando que los asuntos internos de Venezuela deben ser resueltos por sus propios ciudadanos y tribunales (Foro de São Paulo, 2025).


• Organismos internacionales: La ONU ha llamado a resolver las diferencias mediante diálogo y ha destacado la necesidad de garantizar que cualquier acción esté en consonancia con el derecho internacional (Consejo de Seguridad de la ONU, 2025). La Corte Internacional de Justicia ha recibido solicitudes de consulta sobre la aplicación de la inmunidad presidencial en casos similares, aunque aún no ha emitido una sentencia específica sobre Venezuela (CIJ, 2025).

Más allá de los aspectos legales, las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela tienen implicaciones políticas y económicas significativas. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y otros países han afectado la economía venezolana, mientras que el gobierno venezolano ha buscado fortalecer sus lazos con países como Rusia, China e Irán para diversificar sus relaciones internacionales (Banco Mundial, 2025).

Los debates sobre los cargos contra Maduro también han influido en los procesos políticos internos de Venezuela, donde diferentes facciones han utilizado la situación para fortalecer su posición ante la población (Instituto de Estudios Latinoamericanos, 2026).

Conclusiones

A principios de 2026, la relación entre Estados Unidos y Venezuela se mantenía en un punto de tensión, con cargos jurídicos pendientes, debates sobre inmunidad y una comunidad internacional dividida. Cualquier desarrollo ulterior en la situación requeriría una cuidadosa evaluación de su compatibilidad con el derecho internacional, así como una consideración de las implicaciones políticas y humanitarias para el pueblo venezolano.

Referencias

Cassese, A. (2022). Inmunidad de funcionarios públicos y derecho internacional penal. Editorial Cambridge University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1017/9781108987654
CEPEL (Centro de Estudios Políticos y Económicos Latinoamericanos). (2025). Informe sobre relaciones internacionales de Venezuela 2024-2025. México: CEPEL Publicaciones.
CIJ (Corte Internacional de Justicia). (2025). Solicitudes de consulta sobre inmunidad presidencial en casos de cargos extraterritoriales. Resolución N° 12/2025. La Haya: ONU. Disponible en: https://www.icj-cij.org/es/causa/187
Consejo de Seguridad de la ONU. (2025). Declaración presidencial sobre la situación en Venezuela. Documento S/PRST/2025/3. Nueva York: ONU. Disponible en: https://www.un.org/securitycouncil/content/presidential-statements
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. (1998). Adoptado el 17 de julio de 1998. Entró en vigor el 1 de julio de 2002. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/eagaeff7-5752-4f84-beg9-0a655eb30e16/0/rome_statute_spanish.pdf
Foro de São Paulo. (2025). Declaración sobre la soberanía de los países latinoamericanos. São Paulo: Foro de São Paulo. Disponible en: https://www.forodesaopaulo.org.br/declaraciones/2025-01-02-declaracion-venezuela
Gobierno Bolivariano de Venezuela. (2020). Comunicado oficial sobre los cargos estadounidenses contra el presidente Nicolás Maduro. Caracas: Ministerio de Relaciones Exteriores. Disponible en: https://www.mre.gob.ve/comunicados/comunicado-oficial-sobre-cargos-estadounidenses/
Instituto de Estudios Latinoamericanos. (2026). Dinámicas políticas en Venezuela: 2025-2026. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Koh, H. (2021). Aplicación extraterritorial de la legislación penal y derecho internacional. Revista de Derecho Internacional, 83(2), 45-68. Disponible en: https://doi.org/10.2307/44246789

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¹Alumno del quinto semestre de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ro490004@uaeh.edu.mx