El derecho al agua, un principio vital

El agua es un recurso esencial para la vida, la salud y el desarrollo sostenible, ya que su disponibilidad y calidad están directamente relacionadas con el bienestar de las personas y el equilibrio de los ecosistemas. Por ello, el acceso al agua potable y al saneamiento fue reconocido como un derecho humano por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2010 y, dos años después, incorporado al artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este reconocimiento representa un avance significativo, pero en la práctica, millones de personas aún enfrentan desigualdades, contaminación y carencias estructurales que obstaculizan su ejercicio pleno. La situación en el estado de Hidalgo, receptor histórico de las aguas residuales de la Ciudad de México, pone en evidencia los desafíos que implica garantizar el derecho al agua en condiciones de justicia y equidad.

El derecho al agua

Luis David Martínez Campos, profesor investigador del ICSHu en la UAEH.

“El agua no es un privilegio, es un derecho fundamental para la vida”, afirmó Luis David Martínez Campos, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), quien puntualizó que desde 2012, este principio quedó establecido en la Carta Magna, garantizando a toda persona el acceso, disposición y saneamiento del agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Explicó que, a pesar de las campañas sociales implementadas desde la década de 1980 y de los esfuerzos institucionales, el acceso equitativo sigue siendo un reto mayúsculo. Por ello, la actual ley establece que la sociedad tiene el derecho de recibir agua, pero también tiene la responsabilidad de cuidar el vital líquido.

El profesor investigador, Luis David Martínez Campos, realizó un estudio sobre el acceso al derecho hídrico en habitantes de la región de Tula.

“El acceso al agua genera una gran carga obligatoria para el Estado y la sociedad. No basta con reconocerlo, hay que garantizarlo y conservarlo”, afirmó el académico, quien ha plasmado esta reflexión en el estudio La violación a los derechos humanos de acceso a la salud, acceso al agua potable y saneamiento, que realizó junto con la profesora investigadora Martha Gaona Cante.

Hace aproximadamente 40 años, el manejo del agua potable fue descentralizado a los municipios, quienes asumieron la responsabilidad del cobro y el suministro. No obstante, el saneamiento de las aguas residuales, especialmente de origen metropolitano, continúa sin resolverse de forma integral.

Hidalgo, el destino de las aguas residuales capitalinas

Uno de los aspectos más críticos de esta problemática recae directamente sobre Hidalgo. “Estamos hablando de una megalópolis como la Ciudad de México, donde viven hasta 46 millones de personas, contando a la población circulante. Todas esas personas hacen uso diario del agua para bañarse, ir al baño, consumir medicamentos… ¿Y a dónde va esa agua usada? A Hidalgo”, sentenció Martínez Campos.

El especialista Garza advirtió que el agua que sí es apta para el consumo humano ha sido sobreexplotada y contaminada en las últimas décadas, por lo que es necesario poner en marcha planes de restauración ecológica para limpiar zonas como el corredor Tula-Tepeji.

El agua que es apta para consumo humano ha sido sobreexplotada. Las aguas negras que circulan por las vías fluviales han contaminado algunos mantos acuíferos.

De acuerdo con el académico, toneladas de medicamentos y sustancias químicas terminan en el Valle del Mezquital, contaminando tierras, aguas superficiales y acuíferos que, durante décadas, han sido utilizados para el riego agrícola sin un tratamiento adecuado. “Esto debe hacernos reflexionar sobre quién paga realmente el costo de vivir en una gran ciudad”, señaló.

Un problema histórico, estructural y ambiental

Antes de la llegada de los españoles, Tenochtitlán se encontraba en medio de lagos.

La carga hídrica que recibe Hidalgo no es reciente, sus raíces se remontan a la época colonial, cuando los españoles buscaron desecar los lagos del Valle de México para evitar inundaciones. Desde entonces, se construyeron obras hidráulicas para desviar el agua hacia el norte, modelo que, con el tiempo, se convirtió en una política de disposición de aguas negras en detrimento de zonas como Tula y Tepeji.

Subrayó que las aguas residuales humanas son altamente contaminantes por su carga química y biológica, debido a que contienen excretas, medicamentos, productos de higiene, químicos domésticos y otros residuos. Estas aguas terminan llegando a ríos, canales y campos de cultivo sin el debido tratamiento.

Hacia una justicia hídrica para Hidalgo

De este modo, la situación en Hidalgo exige una revisión profunda de la política hídrica nacional, recalcó el investigador. “El problema ya no puede seguir viéndose como una solución para la Ciudad de México a costa del sacrificio ambiental y social de otra región”, subrayó Martínez Campos.

Puntualizó que, para lograr una justicia hídrica real, es necesario un tratamiento efectivo de las aguas, realizar una inversión en infraestructura, fomentar la participación ciudadana y efectuar una redistribución equitativa de las consecuencias ambientales.

Atender esta problemática permitirá un mayor bienestar social.

Mientras tanto, en otras comunidades, muchas personas carecen de agua limpia, pero conviven con ríos contaminados que vienen de la capital. “El derecho al agua no puede existir solo en el papel, si no se acompaña de acciones reales, lo único que estamos haciendo es posponer una crisis mayor”, aseveró el profesor investigador al finalizar.