El desarrollo económico y social de las naciones está intrínsecamente ligado a la educación, que ha evolucionado de ser un privilegio elitista a un derecho humano fundamental. La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU subrayan este derecho universal. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 orientan a los países hacia políticas que promueven el bienestar socioeconómico, la conservación del medio ambiente, la reducción de la pobreza y la equidad. El ODS 4 destaca la importancia de una educación inclusiva, equitativa y de calidad como cimiento para alcanzar otros objetivos, abordando la exclusión, la marginalización y reconociendo la diversidad y la desigualdad. Para cumplir con este objetivo, es crucial el papel de todos los actores involucrados: instituciones educativas, gobierno, docentes, padres y la sociedad en general. La sociedad enfrenta barreras como conceptos erróneos, suposiciones y prejuicios que limitan el acceso equitativo a educación, empleo e integración comunitaria. Los profesores no solo transmiten conocimientos, sino que también desempeñan un papel vital como agentes socializadores en la formación de una educación inclusiva y el éxito académico.